El horizonte electoral y el 155 calman al tejido empresarial

Los expertos relativizan el impacto real sobre la economía de las turbulencias políticas, pero advierten que los daños serían más graves si el conflicto se alarga en el tiempo

El gráfico muestra como la fuga de empresas se detuvo después de las primeras semanas.
D.Revenga/R.Villarreal / Tarragona

Los episodios ligados a la tensión política que vive Cataluña se suceden a ritmo de vértigo, de modo que el argumentario de los distintos análisis de coyuntura queda obsoletos en cuestión de días. En todo caso, en este entorno tan volátil, la intervención de la autonomía en virtud del artículo 155 y la próxima convocatoria de elecciones (21 de diciembre) han logrado atenuar, al menos en parte, la tormenta desatada el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y, por tanto, la proclamación de la República catalana. A día de hoy, la sangría de cambios de sede social prácticamente se ha cortado.

Los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en su demarcación de Tarragona, indican que en los diez primeros días de octubre se consumó el traslado de 27 empresas fuera de territorio catalán, con puntas los días 9 (7) y 10 (9). Entre ese día 10 y el 21 se registró la 'fuga' de otras 14 empresas, con otro pico el día 13 (5). Desde entonces, ninguna más. El goteo -41 empresas el mes pasado, más otras 13 que acordaron su traslado hace meses y es dudoso atribuir su decisión al clima político- se ha frenado por el momento.

En Tarragona, la 'fuga de empresas' a otros territorios se detuvo en seco después de la tercera semana de octubre

Según el catedrático de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director de la Cátedra de Economía regional, Juan Antonio Duro, los centros de producción están en Cataluña, "y por tanto, los centros reales de decisión también". "Tenemos que pensar que volverán cuando se dibuje un escenario de tranquilidad permanente, aunque todavía estamos lejos de eso y no volverán enseguida". A su juicio, el fenómeno ya se ha frenado después de los primeros días porque las empresas perciben que el escenario de salto al vacío desaparece y porque las que tenían que irse -por sus particularidades- ya lo han hecho.

Las grandes corporaciones que todavía no han abandonado el territorio catalán se dan por satisfechas por el adelanto electoral y el regreso a la legalidad constitucional y no prevén cambios drásticos. Freixenet, uno de los buques insignia del sector del cava, ha sido una de las primeras en aportar serenidad. Su presidente, Josep Lluís Bonet, ya explicó recientemente en Tarragona al Indicador de Economía que percibe un deseo en el mundo empresarial de superar el impás inversor actual y "volver a la normalidad y aprovechar las oportunidades que se abren ante las compañías catalanas y españolas".

La solidez del crecimiento de la economía catalana aporta capacidad de resistencia al freno inversor que supone la incertidumbre política

Otros gigantes como Borges International Group (BIG), en el sector agroalimentario, tampoco se ha planteado mover su sede social -ubicada en Tàrrega (Lleida)- ni restar el peso específico dentro del grupo a los centros de producción de Reus, claves para su filial de frutos secos BAIN (Borges Agricultural & Industrial Nuts): "El debate que existe a nivel político no corresponde a la esfera empresarial; creemos que reducir un modelo empresarial como el nuestro, diversificad, con sedes sociales incluidas, en numerosas geografías, espacios y mercados, está fuera de lugar".

Estabilidad en sector químico

Por lo que respecta al sector químico, fuentes de la AEQT aseguran que no se ha producido ningún movimiento relevante y tampoco esperan ninguno, aunque lógicamente "los centros de decisión quieren estar bien informados, y los altos directivos están elaborando informes periódicos más exhaustivos que permitan evaluar el escenario". En este sentido, las grandes multinacionales de matriz alemana asentadas en el 'site' de Tarragona también operan con normalidad, al margen de los vaivenes políticos. "Nuestra compañía no se posiciona en política; permanecemos al margen, respetamos y nos adaptamos para defender nuestros intereses empresariales legítimos al margen del debate político", manifestó, a modo de ejemplo, el director general de Basf España, Carles Navarro, en una entrevista concedida al Indicador.

En el sector químico, la AEQT asegura que no se ha producido ningún movimiento relevante, ni lo esperan

No obstante, pese a la fugacidad de la puesta en escena de la nueva República, -extinta en cuestión de horas-, analistas y agencias internacionales de calificación crediticia han tomado buena nota de los riesgos. Esta misma semana Moody's ha publicado un informe en el que asegura que los hogares y las pequeñas empresas tendrían dificultades para afrontar el pago de sus préstamos en un escenario de independencia: "Encontrarían dificultades para hacer frente al pago de sus préstamos, pues Cataluña perdería el fuerte apoyo que recibe por parte del Gobierno central español, y cualquier cambio en el riesgo soberano afectaría negativamente a la calidad crediticia".

En la misma línea, las grandes consultoras continúan elaborando planes de contingencia para clientes que desean minimizar riesgos ante la tesitura de que la victoria de un Gobierno independentista el 21-D provoque una nueva crisis de inseguridad jurídica similar a la padecida antes de la aplicación del 155. Además de los traslados de domicilio social y fiscal, las recomendaciones pasan por el 'cash pooling' (barrer diariamente las cuentas dejando sólo la liquidez indispensable) o los contratos sujetos a la legislación española y a los tribunales de Madrid como jurisdicción competente.

Horizonte de incertidumbre

El encarcelamiento de los ex consellers del Govern, sumado a las noticias que a diario llegan desde Bélgica, -que abren incluso la posibilidad de Oriol Junqueras (ERC) o Carles Puigdemont (PDeCAT) pudieran acceder a la presidencia de la Generalitat y ser posteriormente condenados-, contribuyen a prolongar sin fecha límite un panorama de incertidumbre letal para el crecimiento empresarial.

El factor tiempo tiene su importancia: "A corto plazo los efectos no son importantes -explica Joan Miquel Piqué, profesor de la Escuela de Negocios EADA-, pero si se adivina que las cosas no van a calmarse porque las elecciones pueden dejar un panorama similar, las expectativas de mejora no existen y eso perjudica". "De momento la repercusión es mínima, pero si el clima actual se eterniza, el impacto será mayor", coincide el catedrático Juan Antonio Duro.

Pimec ha criticado la desproporción de las medidas adoptadas por la Audencia Nacional pero no da el vistobueno a la huelga

Un importante consultor establecido en el Camp de Tarragona, que prefiere mantenerse en el anonimato, reconoce que "hay mucha consulta sobre el cambio de domicilio, si hay garantías o no para el dinero... el gran problema es la inseguridad; la empresa necesita estabilidad, tranquilidad y seguridad jurídica, que es lo que falta en estos momentos... no sabemos que puede pasar a medio y largo plazo; la cuestión no es independencia o no independencia, sino cómo se está desarrollando todo, sin saber qué marco jurídico se aplicará, aquí y a nivel europeo".

En este contexto, el co-director del Gabinete de Estudios de la patronal tarraconense CEPTA, Juan Gallardo, se lamenta de las consecuencias negativas "ya no de un escenario de independencia, que prácticamente no se contempla en el 100% del empresariado, sino por la conflictividad social y laboral, por el mal ambiente, poco propicio para el asentamiento de nuevas empresas". La patronal Pimec, precisamente, a pesar de criticar la desproporción de las medidas emanadas de la Audiencia nacional, subraya que la huelga general convocada esta semana "no es el mecanismo adecuado para canalizar el malestar social ante la actual situación política; esta convocatoria de huelga no responde a ningún conflicto entre empresa y trabajador y no debe instrumentalizarse por motivos ajenos a los laborales".