La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de prolongar la operativa de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030 ha provocado intensas ondas que llegan directamente a la provincia de Tarragona. Con el cierre de los reactores de Ascó I y II y Vandellòs II en el horizonte, -entre 2030 y 2035-, la decisión sobre la planta extremeña es un precedente poderoso que ha reabierto un debate complejo que versa sobre la soberanía energética, la viabilidad económica y los ritmos reales de la transición ecológica en España.
El precedente de Almaraz traslada un nuevo factor de presión sobre el futuro nuclear de Tarragona. La industria atómica presiona para prolongar la vida de las plantas Ascó y Vandellòs, que generan la mitad de la electricidad que se consume en Cataluña. La decisión del Gobierno español de prolongar la operación de Almaraz hasta junio de 2030 formalmente no supone ningún cambio en el calendario de cierre del resto del parque nuclear; sin embargo, políticamente sí introduce una novedad relevante, ya que por primera vez el Ejecutivo ha aceptado que las circunstancias pueden justificar que una planta siga funcionando más allá de la fecha pactada, en este caso por razones de seguridad de suministro y ante la volatilidad de los precios de la energía.
La hoja de ruta pactada desde Madrid es un reloj de arena que ya ha comenzado su cuenta atrás con los cierres establecidos para Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs II (2035). A día de hoy, una hipotética ampliación de la vida útil de estas centrales choca con la ausencia de consenso político. Mientras formaciones como Esquerra Republicana (ERC), -con matices a partir de las sensibilidades territoriales-, y los Comuns optan por un compromiso férreo con el actual calendario y abogan por el despliegue acelerado de las renovables, sectores de Junts per Catalunya no ocultan sus dudas y se muestran más flexibles.
Los apoyos catalanes del Gobierno Sánchez se consumen en una pugna interna entre sus principios teóricos y el pragmatismo que reclama la economía y el mundo de la empresa, de modo que admiten que la transición no puede hacerse a costa de la seguridad de suministro. Históricamente, ERC ha rechazado la energía nuclear por sus riesgos asociados, aunque no se cierra frontalmente a mantener abiertas las centrales catalanas -que cubren cerca del 60% de la demanda eléctrica- hasta que las energías renovables puedan resolver con garantías las necesidades de Cataluña.
Por otra parte, el debate político choca con una realidad logística; el desmantelamiento de un reactor nuclear no es simplemente 'apagar un interruptor', sino una tarea titánica de ingeniería y gestión de residuos. Los precedentes de Vandellòs I, Zorita o Garoña demuestran que estos procesos requieren un despliegue de recursos, especialistas y tiempo que hace prácticamente inviable llevar a cabo cierres simultáneos sin colapsar. Una pregunta todavía sin respuesta cuestiona si existe la capacidad para desmantelar cinco reactores de forma casi solapada en un periodo de cinco años.
Prudente optimismo en Ascó y Vandellòs
Los municipios que albergan las centrales han recibido la noticia de Almaraz con un optimismo cauteloso, que mezcla alivio y pragmatismo. Miquel Àngel Ribes, alcalde de Ascó, entiende que la continuidad de la operativa es "una cuestión de lógica económica y social". Las plantas nucleares no son solo generadores de energía en una red abstracta, sino motores que sostienen una estructura vital de empleo de alta cualificación y estabilidad socioeconómica. Más allá de la operativa diaria, Ribes subraya un punto crítico: cada año extra de funcionamiento supone más oxígeno para que las políticas de diversificación económica, impulsadas por los Fondos de Transición Nuclear, puedan madurar.
En la misma línea, Assumpció Castellví, alcaldesa de Vandellòs, introduce un matiz de tecnocracia necesaria. La suficiencia energética es, desde su perspectiva, un requisito indispensable tanto para el bienestar de los ciudadanos como para la atracción de nueva industria tecnológica, un sector que requiere, por definición, "un flujo eléctrico ininterrumpido, constante y predecible".
Pilar de competitividad industrial
La patronal catalana Foment del Treball ha empleado un tono más contundente del habitual tras el caso Almaraz. Su análisis no deja lugar a dudas: los reactores de Tarragona son, hoy por hoy, insustituibles con una contribución sostenida de entre el 50% y el 60% de la electricidad consumida anualmente en Cataluña, "instalaciones actúan como la columna vertebral de nuestro sistema productivo".
La patronal, al igual que el Cercle d'Economía o entidades de parte como Foro Nuclear, reitera en su discurso que prescindir de esta potencia de base en un momento de electrificación masiva -impulsada por la descarbonización de la industria pesada, la expansión de los centros de datos (cada vez más demandantes) y la transición hacia la movilidad eléctrica- sería "un error estratégico de enorme magnitud". Foment argumenta que, sin una alternativa firme que garantice una potencia equivalente, el sistema no solo arriesga su seguridad, sino que se expone a una volatilidad de precios que comprometería la competitividad de las empresas catalanas en los mercados internacionales. La lógica de la patronal es directa y sin ambages: si Almaraz es necesaria por razones de estabilidad nacional, la industria tarraconense, bajo la misma premisa regulatoria, lo es aún más.
El retraso de las renovables
En el trasfondo de la controversia se esconde en última instancia el penoso ritmo de implantación de las energías renovables en Cataluña. Con apenas un 15% de generación renovable durante 2025, el objetivo oficial del 50% para 2030 parece totalmente irreal. La parálisis en la tramitación administrativa y la resistencia social en los territorios rurales han actuado como un freno constante que impide el impulso necesario en el despliegue de energía eólica y fotovoltaica avance al compás necesario para sustituir la potencia nuclear.
Más allá de la tormenta política y social, llegado el momento corresponderá a las empresas propietarias (Endesa e Iberdrola) la decisión de solicitar las posteriores renovaciones de licencia, aunque es obvio el interés por continuar con la explotación de los reactores de Tarragona. Según la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) -aunque no se pronuncia abiertamente, la sociedad que gestiona los tres complejos nucleares catalanes sí deja leer entre líneas-, "los reactores de Ascó y Vandellòs operan con total fiabilidad y suministran a la red eléctrica energía libre de emisiones, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema y la seguridad de suministro".
Ascó y Vandellòs están 'preparadas' para alargar su vida útil, con inversiones anuales de entre 90 y 100 millones de euros para garantizar la fiabilidad de sus instalaciones, y se mantienen a la "expectativa" de que el Gobierno pudiera abrir esa ventana de oportunidad. "Ascó I y II y Vandellòs II han pasado revisiones periódicas de seguridad y están en perfectas condiciones técnicas... Seguimos invirtiendo unos treinta millones de euros al año en cada grupo para continuar mejorando", recuerda el director general de ANAV, Paulo Santos.