El sector químico se ha sumado al rechazo de la industria catalana al nuevo impuesto sobre las emisiones de CO₂. La AEQT se alinea con la patronal Foment del Treball, que considera este tributo como un nuevo lastre para la competitividad de las empresas catalanas.
Ignasi Cañagueral, vicepresidente de la AEQT, califica la medida como "inoportuna y desafortunada, porque mina la competitividad de nuestras empresas en relación a nuestros competidores de otros países europeos". Cañagueral recuerda que "el sector industrial ja trabaja en una hoja de ruta para descarbonizarse a través de mecanismos que ya existen, tanto desde el punto de vista impositivo, como es el sistema de comercio de emisiones o a través de las ayudas disponibles".
Catalunya es la comunidad autónoma española con más tributos propios, con un total de 15, muy por encima de la media, que se sitúa en 2,7. De estos, 5 graban directamente a la industria. Una presión fiscal que supone un claro lastre para el sector industrial de Catalunya y que es incompatible con el desarrollo de una política industrial.
El cierre de incineradoras
El sector químico de Tarragona rechaza el plan de cierre de incineradoras de la Generalitat, que contempla clausurarlas en un plazo de dos años, y el establecimiento de una moratoria que paraliza cualquier nueva instalación a la ampliación de las existentes.
Laura Martín, responsable del departamento de Medio Ambiente de la AEQT, alerta que esta medida supone un freno a las inversiones: "Cualquier empresa que se plantee nuevas unidades de producción o ampliaciones o cambios en sus procesos necesita saber que los residuos que se generarán podrán ser gestionados adecuadamente, y eso con la moratoria es imposible". Martín considera que "el plan de cierre genera incertidumbre e inseguridad y supone un nuevo lastre a nuestra competitividad industrial, que queda en una situación de desventaja respecto a otros países europeos".
Desde la AEQT argumentan que la Unión Europea considera la incineración como la mejor manera de tratar determinados residuos. "Si no se puede hacer aquí, se tendrá que enviar a otro país, lo que supondrá un incremento de su huella de carbono por el transporte, a demás del incremento del riesgo", analiza Martín, que añade que "justamente el Paco Verde Europeo quiere evitar estos traslados de residuos". En este sentido, Martín recuerda que "la contribución de la incineración a las emisiones de CO2 es mínima y representa alrededor de un 0,05% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea".
Costes energéticos insostenibles
El precio de la energía se ha multiplicado por 7 en un año. Una escalada que lleva al sector a una situación límite, que debe soportar unos costes energéticos insostenibles en una actividad en la que la electricidad tiene un gran peso específico en su estructura de costes. Algunas empresas ya han aplicado ajustes temporales y el sector no descarta que algunas plantas paren porque producir ha dejado de ser rentable, incluso se teme que algunas producciones puedan deslocalizarse. Una situación ante la que la eficiencia energética es insuficiente, a pesar de los grandes avances de las empresas en este campo. El sector pide que el coste de los combustibles eléctricos no repercuta en el precio de la electricidad y la implementación de la esperada normativa de redes cerradas, una vieja aspiración en la que España lleva años de retraso respecto a los principales países europeos y que representaría un balón de oxígeno para los grandes consumidores industriales.