La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros (+8%, con lo que suma +50% en los últimos cuatro años) triplica la de los trabajadores sujetos a un convenio, con una media del 2,7% en 2022. Son cinco décimas por debajo de ese 8,5% de revalorización que ha beneficiado a nueve millones de pensionistas.
Aunque el Gobierno defiende que no afectará negativamente al mercado de trabajo, las distintas patronales consideran que sí se frenarán las nuevas contrataciones y se destruirá empleo en determinados sectores, en especial los menos estructurados como el agrícola o el de las empleadas del hogar.
"Es una subida en clave política, y lo veo peligroso en un mercado tan complejo, diverso, variopinto... entrar en dinámicas de incremento de SMI supone una barrera para sectores que dan empleabilidad, sobre todo en fases de acceso al mercado", valora Juan Gallardo desde la CEPTA. "No deja de ser una intervención de la Administración que resta competitividad y dinamismo; bajo mi criterio, no debería hacerse... y sí se hace, en clave sectorial y con negociación colectiva, entre la parte social y parte empresarial; además, genera efecto subyacente por indexación de ayudas, subvenciones... en definitiva, creo que no es una medida que ayude a revitalizar el mercado justo cuando da síntomas de debilidad".
En esta misma línea, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que el nuevo SMI "va a perjudicar la viabilidad de las actividades de los autónomos y las pequeñas empresas, que es donde se concentran la mayoría de los trabajadores que cobran el sueldo más bajo". Según sus cálculos, por cada uno de los en torno a 2,3 millones que pueden beneficiarse de esta alza, las empresas tendrán que pagar en 2023 unos 1.500 euros más, entre salario y cotizaciones.
Un 40% de paro de larga duración
La patronal de la pequeña y mediana empresa, Pimec, advierte con preocupación que el desempleo de larga duración se ha disparado en Tarragona. Aproximadamente unas 18.000 personas sin empleo (40% del total) llevan más de un año buscándolo sin resultado, y siete de cada diez son mujeres. Más de 13.600 personas (uno de cada tres parados) llevan más de dos años sin trabajo, lo que supone un incremento del 35% desde 2019. Siete de cada diez son mayores de 50 años, con la franja más crítica entre los 60 y los 64 años. En Cataluña, el paro de larga duración -se considera como tal más de 12 meses- afecta a más de 142.000 personas, aproximadamente un 40% de los desempleados. La tasa media de salida del paro por colocación (8,5%) sigue dos puntos por debajo de 2019, y la duración media de la demanda de empleo está en 9,8 meses, la segunda más alta de los últimos 10 años, sólo superada en enero de 2022 por la sexta ola de la pandemia.