En veu alta

Cuestión de competitividad

"Las redes cerradas son una necesidad inaplazable si se quiere dejar de lastrar la competitividad presente y la viabilidad futura de un sector clave en la economía de nuestro territorio"

Juan Pedro Díaz

Gerent de l’AEQT

Hace ya una década que la normativa europea contempla las redes de distribución eléctrica cerradas para los polígonos industriales como los del sector petroquímico de Tarragona. Una figura que permitiría acabar con la situación de desequilibrio competitivo que las industrias, no sólo la petroquímica sino todas las electrointensivas, soportan en cuanto a costes energéticos.

Por eso el sector en general, y la Associació Empresarial Química de Tarragona en particular, llevamos años haciendo pedagogía respecto a la necesidad de que la normativa europea en este ámbito sea transpuesta en su totalidad. Una reivindicación que, en realidad, ha ido más allá del sector, y el territorio en general (instituciones, sindicatos, agentes sociales y económicos...) la ha terminado haciendo suya de forma unánime.

No es extraño, en la medida en que la competitividad de un sector que genera cerca de 35.000 puestos de trabajo en la zona -entre directos, indirectos e inducidos-, que representa el 60% de las exportaciones de la demarcación y que genera el 65% de los movimientos del Port, es en realidad la competitividad de todo el territorio.

Además, a lo que se aspira es simplemente a competir en igualdad de condiciones con respecto a otros mercados de la Unión Europea donde las redes cerradas ya están en vigor y donde las empresas, competidoras directas de las instaladas en Tarragona, hacen frente a costes energéticos inferiores. Lo cual impacta doblemente en nuestra competitividad: no solo, como es obvio, en un incremento de nuestros costes de producción, sino, como derivada, en que nuestros polígonos son menos atractivos para multinacionales que estudian dónde ubicar sus nuevas inversiones.

Por todo ello, las redes cerradas son una necesidad inaplazable si se quiere dejar de lastrar la competitividad presente y la viabilidad futura de un sector clave en la economía de nuestro territorio. De ahí que, a priori, valoremos como positivos los pasos legislativos dados a finales de 2018 en esta dirección. Pero debemos esperar a la tramitación del proyecto de Ley y del reglamento para determinar en qué manera se aplican exactamente las redes cerradas en el estado español.

Todavía queda, pues, un arduo y largo camino en el que los grupos políticos llamados a tramitar la normativa en el Congreso y en el Senado deberán posicionarse y dejar claro ante la sociedad cuál es su estrategia a largo plazo en materia de industria. Los diez años de retraso y el perjuicio que han causado son ya irreparables. Ahora de lo que se trata es de tomar la decisión adecuada para que la próxima década sí sea de inversiones y de crecimiento.