Dos gigantes comerciales pugnan por asentarse en Tarragona

Ten Brinke es la preferida por los propietarios de los terrenos, pero la oferta económica de Bogaris es superior; el caso podría terminar en los tribunales

El centro comercial de Puerta de Algete (Madrid), inaugurado en noviembre de 2018, es el último proyecto de Ten Brinke en España. FOTO: CEDIDA.
Roberto Villarreal / Tarragona

El adiós de Ikea a Tarragona ha puesto de manifiesto el interés que generan los 67.000 metros cuadrados de la gran bolsa de suelo comercial entre la Anella Mediterrània, la rotonda de Les Gavarres y la T-11, -prácticamente única en Cataluña por sus dimensiones, su ubicación en trama urbana consolidada y con toda la tramitación urbanística finalizada-, hasta el punto de que dos 'monstruos' como Bogaris y Ten Brinke han emprendido una dura batalla por la adquisición de esos terrenos. Contra pronóstico, el suelo liberado por la 'espantada' ha convertido a la ciudad en una plaza codiciada por las multinacionales especializadas en la promoción de grandes centros comerciales.

La nueva zona comercial, ubicada junto a las grandes infraestructuras deportivas de los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 y donde están proyectados equipamientos como la nueva Ciutat Esportiva del Nàstic, trasciende el simple aterrizaje en Tarragona de diversas marcas de prestigio. El pago del suelo comercial es la condición previa para hacer realidad un barrio de 1.200 viviendas en una zona neurálgica para vertebrar la 'otra' Tarragona, la de los barrios industriales de Ponent.

A falta de que el Ayuntamiento de Tarragona -propietario del 18% del suelo, que gestiona a través del Servei Municipal d'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A (Smhausa)- se adhiera a la oferta de la holandesa Ten Brinke, ratificada esta semana por la Junta de Propietarios, todo parece indicar que será la firma nórdica la que se lleve el al gato al agua por 14 millones más IVA. Sólo con esa 'lluvia' de euros es factible acometer la urbanización del Plan Parcial 10 (PP10), nombre técnico de esta bolsa de 300.000 metros cuadrados, y dejar atrás décadas de degradación urbana.

Posible conflicto jurídico y bloqueo de la operación

Además de Tarragona, el giro estratégico global de Ikea -provocado por los nuevos hábitos de consumo- ha afectado en España a otras capitales como Sevilla, Pamplona o Alicante. Su silencio en el último año llevó la Junta de Propietarios de los terrenos a escuchar ofertas. Curiosamente, la multinacional sevillana Bogaris, especialista en promoción y gestión de parques comerciales, era a finales de 2018 la mejor posicionada.

El 'sí quiero' a Ten Brinke, forzado por los dos propietarios mayoritarios (Banc de Sabadell y Fertasa), puede llegar a provocar que el engranaje legal empleado para la venta de los terrenos termine en los tribunales, ya que su oferta económica es más baja que la de Bogaris, que ha puesto sobre la mesa dos millones más que su competidor (+12,5%). Además, la empresa con sede en Sevilla tiene un contrato de compraventa firmado desde el pasado 28 de diciembre. La sociedad anónima municipal Smhausa se enfrenta a la extraña tesitura de dar luz verde a una oferta económica que le supone dejar de ingresar, con un simple cálculo sobre su porcentaje en la propiedad del suelo, más de 360.000 euros.

Bogaris se mantiene a la espera de ver cómo el Ayuntamiento resuelve la 'patata caliente' de dar respaldo a la oferta más baja

Fuentes de toda solvencia consultadas por el Indicador aseguran que el malestar en Bogaris por todo lo sucedido ha ido subiendo exponencialmente, "ya que no sólo se están jugando la implantación en Cataluña, sino también su imagen ante los accionistas y su prestigio", por lo que no está descartada la vía judicial, por ahora remota, eso sí". De momento, la compañía andaluza se mantiene a la espera de ver cómo el Ayuntamiento resuelve la 'patata caliente' de dar respaldo a la oferta más baja. "El precio está dentro de los parámetros que marcó la tasación, y no vamos a fomentar la especulación», advierte el regidor de Urbanisme, Josep Maria Milà (PSC).

Bogaris y el patrimonio público de Tarragona no son los únicos afectados negativamente. Varios pequeños propietarios han visto dañados sus intereses y así lo han puesto de manifiesto en la última asamblea. A modo de ejemplo, un propietario con el 5% del suelo ha dejado de percibir más de 70.000 euros por el rechazo de una oferta que era dos millones superior a la aceptada. Por tanto, también existe la posibilidad de que alguno de los perjudicados impugne  el acuerdo de la Junta de Propietarios.

Veto de Banc de Sabadell y Fertasa

La pregunta del millón: ¿Por qué los dos propietarios que ganarían más con la 'opción Bogaris' vetan su oferta? El Banc de Sabadell gestiona el 32% del suelo del plan parcial, propiedad del fondo de inversión americano Cerberus, y ha sido la entidad financiera la principal valedora de Ten Brinke pese a dejar escapar 640.000 euros por el camino. Ya ha trascendido que existe un acuerdo, que ha condicionado la operación comercial, para que los holandeses adquieran también suelo residencial. De este modo, los intereses particulares -ocultos hasta hace unos días- del banco han terminado por contagiar a todo el desarrollo del sector urbanístico, lo que abona también la hipótesis de una posible impugnación que ralentizará todo el proceso durante meses o incluso años.

En cuanto a Fertilizantes Tarragona S.A. (Fortasa), la empresa propietaria del 20% del suelo y representada por el presidente de la Junta de Propietarios, Ángel del Pozo-, tiene en el Sabadell uno de sus bancos de cabecera, lo que contribuye a explicar que se alinee en el blindaje de Ten Brinke aún dejando de ingresar 400.000 euros. Por lo que respecta a la multinacional holandesa, considera que las claves de su 'victoria' se encuentran en la solvencia económica, pues no necesitan financiación para la compra, y la apuesta estratégica por Cataluña.

Ten Brinke ya había explicitado en un comunicado su voluntad de hacer de Tarragona la "punta de lanza" de una nueva etapa en Cataluña, de gran recorrido, con "proyectos en el ámbito residencial, comercial, hotelero y social (residencias de estudiantes, ancianos...) que iremos acometiendo en diferentes poblaciones".

Obras de urbanización

El acuerdo en firme de los titulares de los terrenos, una vez que la Generalitat conceda la nueva licencia comercial, permite activar la urbanización del nuevo barrio, bloqueada desde junio de 2017 por el desinterés de Ikea. La incertidumbre respecto a sus intenciones obligó al Ayuntamiento a paralizar el inicio de las obras, que habían sido adjudicadas por concurso a Dragados-Transmaber por un importe de 10,2 millones de euros más IVA. Dado que los costes han subido notablemente durante el tiempo transcurrido, el Ayuntamiento de Tarragona ha vuelto a sacar las obras a licitación. Las empresas interesadas tienen hasta el 29 de abril para presentar sus ofertas. El valor estimado de la urbanización asciende a 18 millones euros -IVA incluido-, aunque habrá una rebaja notable sobre esa cantidad en las plicas, y el calendario contempla un máximo de quince meses a partir de la adjudicación.