La contundente victoria electoral del PSOE el pasado 28 de abril, -con los posibles escenarios de pacto que se abren a raíz de los resultados-, así como la caída sin precedentes del PP, van a producir una serie de efectos innegables sobre la economía que los empresarios tratan de discernir a la hora de tomar las decisiones que afectan a sus negocios. Por el momento, a día de hoy, Pedro Sánchez se prepara para una aventura en solitario y en minoría con acuerdos "a derecha e izquierda".

De una parte, la previsible investidura de Sánchez garantiza una línea de continuidad después de 10 meses en la Moncloa que las fuentes consultadas consideran un escenario positivo "para no volver a partir prácticamente de cero, como hubiese sucedido con un Gobierno más escorado a la derecha". Por el contrario, un posible acuerdo con la izquierda más radical de Unidas Podemos pone los pelos de punta al tejido empresarial del territorio.

CEPTA propone al Ejecutivo un plan inversor a través de los Ayuntamientos

Una decena de grandes bancos internacionales con presencia en España confirman en sus informes de coyuntura que la mejor solución para la economía pasaría por un pacto entre el PSOE y Ciudadanos: pese a su complejidad política, destaca la unanimidad sobre el efecto benéfico que tendría en la financiación y en las perspectivas de la economía que la presión de los inversores sobre el partido de Albert Rivera y el del propio Pedro Sánchez va a ser elevada cuando termine la campaña para las europeas, autonómicas y municipales de finales de mes.

El co-director del Gabinete de Estudios de la CEPTA, Juan Gallardo, estima que "le pese a quién le pese" la única fórmula posible para seguir creciendo con una economía tan endeudada como la española pasa, en el caso de las autonomías y el Estado,  por reducir el gasto y la presión fiscal sobre las empresas. "La única Administración que ha hecho los deberes desde 2012, gracias a las medidas legales para frenar el gasto que ahora se deberían suavizar, es la Administración local, que se ha saneado significativamente y está en condiciones de volver a invertir, con prudencia y en sostenibilidad urbana, huyendo de proyectos faraónicos que cuestan mucho de mantener".

En su último Observatorio empresarial, la CEPTA destaca que ocho ayuntamientos de Tarragona de más de 10.000 habitantes tenían en negativo el remanente de tesorería, es decir, que su solvencia hacia aguas. En 2017 -últimos datos de que se disponen- todos están en números verdes, por lo que la patronal propugna "dinamizar las inversiones en sostenibilidad, lavar la cara a los polígonos industriales, muy abandonados, y reformar la tributación local para aligerar la carga a las empresas y hacer más sencillos los trámites".

El co-director del Gabinete de Estudios de la CEPTA destaca que ocho ayuntamientos de Tarragona de más de 10.000 habitantes tenían remanente  negativo

Gallardo calcula que las corporaciones locales podrían duplicar en la próxima legislatura las inversiones realizadas en los últimos cuatro años: "Con algunas excepciones, es una cifra realista, que beneficia a las empresas del territorio por el enorme impacto que tiene esta inversión pública kilómetro cero".

En Tarragona, el reelegido diputado socialista Joan Ruiz trata de suavizar la mala fama de los socialistas en materia económica, uno de los argumentos más explotados por el PP. "Sin estabilidad -defiende- no puede haber progreso ni inversiones, y vista la espiral de confrontación entre la derecha y el independentismo radical, somos los únicos garantes para alcanzar esa estabilidad; yo soy socialista y de izquierdas pero no tengo ningún prejuicio hacia la actividad económica... al contrario, quiero estimularla y apostar por los emprendedores porque solo se puede repartir aquella riqueza que se genera".

Pese a los esfuerzos del PSOE, el pésimo regusto que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia económica sigue pesando como una losa de la que se aprovechan sus rivales políticos: "El gobierno de España surgido de la moción de censura vuelve a cometer los mismos errores que en 2008, y ya ha subido impuestos y costes laborales y energéticos que ya se están traduciendo en incertidumbre, descenso de actividad y destrucción empleo", critica el ex diputado del PP por Tarragona, Jordi Roca.

Cuestiones como un marco fiscal favorable para las empresas, la moderación del gasto público, los costes laborales y energéticos o la simplificación de la burocracia administrativa van a ocupar el debate económico de los próximos meses. Los empresarios llevan años pidiendo una reforma tanto de la normativa laboral, más flexible en función de la tipología de las empresas, como de las cotizaciones a la Seguridad Social, muy alejadas de la media europea.

Fuerte impacto sobre el sector nuclear

La victoria socialista implica que el Gobierno de Sánchez y su Ministerio de Transición Energética van a continuar trabajando en  un calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares, con todo lo que ello significa para la provincia de Tarragona. ANAV mantiene un prudente silencio, pero la idea es que las primeras en cerrar sean, entre 2025 y 2030, Ascó I y II y Almaraz I y II (Cáceres). Vandellós II sería la última en dejar de funcionar en 2035 junto a las de Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara).

Las discrepancias entre las tres grandes eléctricas sobre este tema continúan. Mientras que Iberdrola y Naturgy prefieren no alargar su vida útil más allá de los 40 años, Endesa insiste en ir más a largo plazo. En todo caso, el Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el 'mix' eléctrico español algo más de tres gigavatios de nuclear frente a los siete actuales.

El parque de ciclos combinados se mantiene con de 27.000 megavatios, lo que aseguraría el futuro de las instalaciones de Plana del Vent, en Vandellós, y Tarragona Power, en el polígono petroquímico sur. El Ministerio opta por esta tecnología de respaldo porque se trata de mecanismo de generación elástico", más flexible en función de las necesidades de suministro que la energía atómica.

Redes eléctricas cerradas

En teoría, según exponen desde la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), la presidencia de Pedro Sánchez también debe dar continuidad a las negociaciones sobre el reglamento definitivo -tras el Real Decreto Ley 20/2018 de 7 de diciembre) que ordene las redes eléctricas cerradas, una reivindicación histórica de la industria química de Tarragona, que supone el 25% del sector en el conjunto del Estado español.

El pasado mes de marzo tuvieron lugar dos reuniones en Huelva y Tarragona con el equipo del secretario general de Industria para seguir trabajando en la elaboración de la normativa específica que establezca los procedimientos y requisitos para autorizar las redes de distribución cerradas de energía eléctrica en España. "Entendemos -razonan las citadas fuentes- que la buena disposición de los últimos meses va a tener continuidad tras las elecciones generales, y confiamos en alcanzar a corto plazo resultados concretos a nuestras peticiones".