El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inicia esta semana el periodo de información pública del mecanismo de subastas de licencias -aprobado el miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros- para energías renovables hasta 2025. La nueva regulación prevé conceder casi 19.500 megavatios (Mw), apenas una tercera parte de los 60.000 que plantea en España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) con horizonte 2030. La presión de las grandes eléctricas ha conseguido, de momento, atenuar este golpe a sus intereses. De esos 19.500 Mw, 10.000 serán fotovoltaicos y 8.500 eólicos; los otros 1.000 corresponden a otras tecnologías.
El Real Decreto recién aprobado regula el régimen económico para instalaciones de generación eléctrica que empleen energías renovables. La normativa era muy esperada, ya que en la práctica supone el pistoletazo de salida para que los gigantes empresariales y los grandes fondos de inversión coloquen miles de megavatios verdes en el mercado español. Se calcula que la inversión prevista puede rondar
"Hasta que en 2018 se deroga el nefasto 'impuesto al sol' hemos vivido una inseguridad jurídica absoluta y no se abre la puerta a una alternativa estable para los grandes inversores; el Real Decreto 244/2019 que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo ya supuso el impulso definitivo para una carrera en la que fabricantes, instaladores, ingenierías... han experimentado un ascenso muy importante", resume Marc Segura, CEO de Solcam -empresa centrada en soluciones energéticas muy especializada en fotovoltaica- y coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Energía de la Cambra de Comerç de Reus.
Incremento del 663% en Tarragona
Según los datos del Registro de Autoconsumo de Catalunya, el salto experimentado ya en las comarcas de Tarragona hasta octubre de 2020 respecto al ejercicio anterior ya es muy importante, -desde los 835,2 kilovatios (Kw) hasta 5.539-, lo que supone un incremento del 663%. Por comarcas, la mayor potencia instalada en este ranking corresponde al Baix Camp con 1.760,4 Kw (frente a los 255,2 de 2019, +690%); Tarragonès con 1.201 (frente a 221,5, +549%); Baix Penedés con 742,2 (+829% desde 89,5Kw); Baix Ebre con 598,6 (+1.010% desde 59,3); Montsià con 538,5 (+378% desde 142,5); Alt Camp con 396,8 (+1.336% desde 29,7); Conca de Barberà con 135,7 (+2.714% desde 5); Ribera d'Ebre con 39,1 (+337% desde 11,6); y Terra Alta con 24,5 (+2.450 desde 1).
"Las previsiones eran muy buenas a principios de año -describe Segura- y hemos trabajado en línea ascendente pese a la Covid 19, que ha generado bastante incertidumbre; no obstante, aunque no podemos saber cómo habría sido 2020 sin la crisis sanitaria, la energía fotovoltaica al menos se ha triplicado... Nosotros hemos trabajado proyectos por 1.500 Kw y el volumen de inversión, -en torno a un millón de euros el año pasado-, ha podido multiplicarse quizá por ocho o por diez".
El proceso se acelera
"Estamos todavía muy al principio, por lo que prácticamente se va a concentrar en cada año lo que debería hacerse en una década", vaticina Marc Segura. Las expectativas que se han creado en España, el país que ha tomado la delantera en las normativas sobre transición energética, son enormes. Los últimos datos de Red Eléctrica, según refleja Expansión, indican que en España hay ahora 121.000 Mw de renovables con permiso de conexión concedido pero aún sin instalar. Esa cifra supone casi cuatro veces las renovables operativas a día de hoy, y el triple de lo que España necesita en las horas pico de consumo de luz. Además, hay permisos solicitados por otros 50.000 Mw; con una inversión media aproximada de 0,8 millones por Mw eólico, y 0,5 millones por Mw fotovoltaico, el resultado es que se pueden movilizar más de 100.000 millones en las dos próximas décadas.
En virtud del Real Decreto aprobado la semana pasada, se adjudicarán las licencias aquellas grandes instalaciones de renovables que se comprometan a vender al sistema la electricidad producida a un precio cerrado, el menor posible sin posibilidad de cambiarlo durante el tiempo de la concesión. Según auguran los expertos, la pugna por esas licencias se presenta muy dura porque no caben todos los interesados y ello explica las numerosas operaciones de posicionamiento en el mercado español de grandes corporaciones internacionales.
Freno a la especulación
Históricamente, el impulso a la energía fotovoltaica había generado en España un cierto efecto de especulación sobre el suelo por las necesidades de grandes extensiones para la instalación de las placas. El 'impuesto del sol' acabó con el maná de los parques solares y con esta naciente industria entre 2007 y 2012; la caída de la demanda hizo el resto. Sin embargo, la tendencia ha regresado en los últimos tiempos y se acentúa cada vez más, ya que los precios que se ofrecen por hectárea (10.000 metros cuadrados) y año son muy superiores a lo que se obtendría mediante el cultivo agrícola: "En los últimos tres meses -reconoce Marc Segura- hemos pasado de unos 1.200 euros Ha/año a cerca de 1.500; además, también vuelven los intermediarios inmobiliarios que concentran parcelas cercanas a puntos de evacuación eléctrica, pero todo está más controlado que hace diez años y, además, los márgenes de producción y venta son mucho más pequeños".
Los contratos de alquiler -es poco habitual la compra del terreno- entre la energética y el propietario suelen cerrarse por 40 años. Se calcula que se necesitan dos hectáreas por cada megavatio instalado. En este contexto, teniendo en cuenta que se paga unos 150 euros de alquiler por hectárea y años de cereal de secano, los especialistas advierten que en los últimos tres años los precios han subido "entre un 40 y un 50%, ya que los promotores necesitan presentar los terrenos donde se ubicará el parque; en algunas zonas se puede incluso superar los 1.500 euros".
El caso catalán: preservación de la agricultura
En Cataluña sigue abierto el debate sobre el uso de superficies agrícolas en producción para instalar paneles solares. La Ponencia de Energías Renovables es el órgano que analiza la viabilidad de los anteproyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas desde el punto de vista del emplazamiento e impacto ambiental. En la ponencia hay voces que consideran que ocupar tierras agrícolas, salvo las más pobres de secano, es desaconsejable por razones de abastecimiento alimentario. Es decir, son voces que advierten sobre el efecto a largo plazo de la pérdida de potencial agrícola, contrarias a que los criterios de rentabilidad de las empresas promotoras o los intereses de los propietarios se impongan a un objetivo estratégico como territorio.
Las reticencias que existen en Cataluña no se dan en otras regiones de España, y de hecho algunos grandes proyectos no han elegido el territorio catalán por este motivo: "La realidad es que en el resto de España -informa Marc Segura- no se plantean mayores inconvenientes, es decir, que se facilitan la instalación de plantas y cuantas más placas mejor; aquí el enfoque es más complejo y se analiza si los proyectos pueden provocar desequilibrios".
La eterna polémica de la eólica
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha elaborado un conjunto de propuestas enfocadas a la reactivación de la economía, y al mismo tiempo al avance en los objetivos de descarbonización del Pacto Verde Europeo y del Acuerdo de París. El documento consiste en programas concretos para la utilización de los fondos de reconstrucción europeos que se asignen a España, que crearían más de 30.000 puestos de trabajo y permitirían activar inversiones privadas por más de 12.000 millones de euros.
La propuesta de AEE incluye nueve proyectos tractores a escala nacional que, con un apoyo de 1.165 millones de euros de los fondos de reconstrucción, permitirían generar 17,32 TWh de electricidad eólica (equivalente al 30% del incremento de generación eólica previsto en el Pniec), reducir las emisiones de CO2 en más de 7,6 millones de toneladas de CO2/año (el 7,5% de la reducción de emisiones previsto en el Pniec) y crear más de 30.000 empleos de alto valor añadido.
Frente a este escenario general, GEPEC-Ecologistes de Catalunya a presentado recientemente diez informes técnicos contra la tramitación de los nueve parques eólicos que se han proyectado en suelo rústico o forestal en el Baix Camp, Ribera d'Ebre, Conca de Barberà y la Segarra. La tramitación de proyectos de más de 50 megavatios es competencia del Estado y los ecologistas denuncian que las grandes empresas energéticas están fraccionando clústers eólicos de más 100 Mw en centrales más pequeñas, que tienen entre 30 y 50 Mw.
"No son los únicos que el Departament de Territori de la Generalitat ha puesto en bandeja a los promotores para acabar de trinchar las comarcas que ya habían vivido una implantación de energía eólica completamente caótica y desmesurada", han criticado en un comunicado."El festín eólico en Catalunya ha atraído especuladores que no saben qué hacer con el capital proveniente de la ya rota burbuja inmobiliaria y han comenzado a inflar la burbuja eólica con el nuevo decreto", denuncian.