Cuando se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda -impulsada por el Gobierno de coalición en 2023, y aprobada con el apoyo de Podemos, ERC, PNV y EH Bildu-, las críticas dentro del sector inmobiliario se han intensificado. Según los datos del portal Idealista.com. Entre mayo de 2023 y abril de 2025 el precio del alquiler ha aumentado un 24%, mientras que la oferta se ha desplomado un 17% a nivel nacional. En paralelo, el precio de compraventa ha crecido un 16% en todo el país. "Hoy, solo quienes tienen altos ingresos o un perfil muy atractivo pueden permitirse acceder a una vivienda en alquiler", valora Iñaki Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria.
Las medidas introducidas por la Ley de Vivienda, con límites al precio del alquiler, redefinición de gran tenedor (de diez a cinco propiedades), mayores protecciones para los inquilinos vulnerables frente a desahucios y más carga fiscal y regulatoria han contraído la oferta de inmuebles: "Los pequeños propietarios, que son la base del mercado, se han sentido desprotegidos ante el miedo a impagos, ocupaciones o a no poder actualizar rentas, y muchos han optado por retirarse del mercado". "El Gobierno -reflexiona Unsain- insiste en seguir interviniendo sin resolver el problema de fondo, que es la falta de oferta; mientras no se creen incentivos claros para promover la inversión y la construcción, el acceso a la vivienda seguirá siendo una quimera para la mayoría".
Regular los contratos temporales
Por otra parte, el Congreso acelera la tramitación de la nueva ley del alquiler que regulará los contratos temporales y de habitaciones con el objetivo de frenar los fraudes que disfrazan como temporales los alquileres de larga duración. "Toda la normativa que se está aprobando desde hace dos años va dirigida única y exclusivamente a beneficiar a los arrendatarios y a disminuir los derechos de los propietarios; buscan imponer unas obligaciones que solo pueden corresponder al Estado o a la Administración... Garantizar el derecho a la vivienda no es una función de los particulares", advierte Arantxa Goenaga, socia de AF Legis.
"Regular o limitar el contrato temporal -añade- con la intención de convertir todos los alquileres en vivienda habitual no responde a la realidad del mercado. Este tipo de alquiler existe y cumple una función clara para personas que residen solo unos meses y no necesitan un contrato de vivienda habitual, sino de temporada. Además, Cataluña también está en proceso de intervenir los contratos de temporada, por lo "es previsible un conflicto con ambas legislaciones". El tejido empresarial del sector lamenta la falta de diálogo con los operadores del mercado: "Todos los sectores que confluyen en el mercado inmobiliario ven cómo cada nueva normativa perjudica más el mercado desde la ignorancia de los efectos colaterales que se producen".