Un lastre muy importante del sector químico es no contar con las denominadas 'redes cerradas', una figura contemplada por la legislación europea desde 2009 que permite que las empresas de un mismo complejo industrial estén conectadas a la red por la vía de un solo consumidor, lo que evita sobrecostes, aporta eficiencia energética y, en suma, mejora la competitividad.
La mayoría de los países de la Unión Europea, y en particular aquellos con fuerte presencia industrial, hace años que incorporaron esta figura a su ordenamiento. España inició el proceso para incorporarla en 2018, casi una década después, pero los diversos ciclos electorales y la excepcionalidad de la Covid-19 lo han ralentizado.
Ignasi Cañagueral, director de Dow en Tarragona, lanza el símil: "Estamos atrapados en el día de la marmota, pasan los años y las redes cerradas no llegan". Cañagueral advierte que "con hándicaps así es muy difícil que vengan inversiones, tanto de nuestras empresas como de otras". Y Cañagueral añade que "no se trata solo del precio, sino de mantener la fiabilidad, tenemos infraestructuras de distribución antiguas, que fallan a menudo: en los últimos 16 meses hemos tenido varios 'ceros', lo que impacta en nuestra producción y reduce nuestra rentabilidad".
España sigue siendo uno de los pocos países europeos que no ha incorporado las ‘redes cerradas’, un latre para la competitividad del sector químico
El presidente de la AEQT, Rubén Folgado, director técnico de Messer, recuerda que "nuestros competidores en Europa ya disponen desde hace años de estas redes y de mejores infraestructuras, lo que nos hace competir en desigualdad de condiciones". Desde Ercros, Joan Miquel Capdevila, director del centre de producción de Tarraogona pide "unos costes energéticos competitivos y, también, el compromiso de la administración que con políticas industriales claras. El sector confía que se cumplan las previsiones, que apuntan a que a finales de este año el reglamento de redes erradas saldrá a información pública.
Infraestructuras, el otro hándicap
Al margen de la energía el sector sigue sufriendo el lastre de competitividad que comportan los retrasos en infraestructuras clave para la distribución de sus productos, como son, sobre todo, el Corredor Mediterráneo y la autovía A-27. Juan Pedro Díaz, gerente de la AEQT, señala que son "factores dedicisova a la hora de determinar el futuro de la industria en nuestro territorio". El presidente de la patronal, Rubén Folgado, insiste en que "necesitamos estas infraestructuras para gartantizar el futuro de nuestro sector y para mantener nuestras actividades en el presente".
Ignacio Torres, de Carburos Metálicos, recuerda que "estamos en permanente competición con otros países, incluso fuera de Europa, que tienen procesos administrativos mucho más ágiles y adaptan rápidamente procesos para que la industria crezca allí". Eduardo Sañudo, de Vopak Terquimsa, sentencia que "cada día que pasa sin disponer de costes energéticos competitivos y estas infraestructuras se pierden oportunidades de futuro, es necesario que de una vez por todas las administraciones den respuesta a las demandas de la industria".
No disponer del Corredor del Mediterráneo de ancho europeo implica que el transporte ferroviario es en la actualidad más caro y más lento de lo que debería ser por culpa de la obligación de cambiar de vía. En el futuro, su puesta en marcha con doble vía y ancho internacional permitirá a la industria química de Tarragona competir con el resto de Europa, favoreciendo que la economía del territorio siga creciendo. Se trata, además, de una infraestructura que hará mucho bien no sólo al sector químico, sino a todos los sectores de actividad de la economía del territorio y, por tanto, al empleo y bienestar de los ciudadanos.
La autovía A-27, por su parte, es una infraestructura viaria necesaria que servirá de salida natural del Port de Tarragona y de los polígonos químicos hacia el interior de la península, en la que se ha reclamado tanto a los representantes de la Generalitat como del Estado en el territorio, una solución para el tránsito de mercancías ADR por la A-27 hacia el interior de la península, evitando el rodeo por la autopista AP-7 hasta El Vendrell que supone un enorme coste medioambiental y económico que merma la competitividad del sector.
Ampliar la masa máxima autorizada de vehículos de mercancías por carretera a 44 toneladas; agilizar tramitaciones y eliminar trabas burocráticas; e impulsar, prestigiar y flexibilizar la Formación Profesional Dual son otras de las prioridades que el sector químico pide a la Administración para mejorar su competitividad y garantizar su futuro en Tarragona.